🔥 CUATRO MESES O EL ESCÁNDALO SERÁ INTERNACIONAL
La bomba ya explotó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio al Estado uruguayo un plazo perentorio de cuatro meses para responder por presuntas violaciones al debido proceso en el expediente contra Marcelo Balcedo y su pareja Paola Fiege.
No es un trámite administrativo.
Es una advertencia formal que puede terminar en la Corte Interamericana y traducirse en una condena millonaria contra Uruguay.
La cifra que sobrevuela el caso: 200 millones de dólares.
Dinero que no saldría del bolsillo de ningún jerarca. Saldría del bolsillo de Juan Pueblo.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA: EL NOMBRE QUE VUELVE AL CENTRO
JORGE DÍAZ EN LA MIRA
El entonces Fiscal de Corte, Jorge Díaz, hoy Prosecretario de Presidencia, fue quien respaldó públicamente el procedimiento y a los fiscales actuantes cuando el caso estalló en 2018.
En enero de 2019 escribió:
“Todo mi respaldo a los fiscales que participaron y participan en el denominado caso Balcedo”.
Hoy la pregunta es otra:
¿Mantiene ese respaldo frente al cuestionamiento internacional?
EL SHOW DEL OPERATIVO Y LAS DUDAS QUE NO SE APAGAN
Helicópteros. Blindados. Transmisiones en vivo desde Piriápolis.
Un despliegue cinematográfico que dio la vuelta al continente.
Pero con el paso del tiempo comenzaron las grietas:
Prisión preventiva extendida. Cuestionamientos sobre garantías procesales. Denuncias de persecución política. Señalamientos sobre cooperación internacional mal gestionada.
Ahora la CIDH analiza si hubo vulneración de derechos humanos y posible “lawfare”.
Si el organismo concluye que existió responsabilidad internacional del Estado, el expediente podría escalar a la Corte Interamericana, con consecuencias económicas e institucionales graves.
¿JUSTICIA FIRME O SOBERBIA INSTITUCIONAL?
Lo que comenzó como un caso de alto impacto judicial hoy amenaza con convertirse en un problema diplomático y financiero.
La discusión ya no es solo jurídica.
Es política. Es institucional. Y es económica.
Porque si el Estado pierde, no paga quien tomó las decisiones.
Pagamos todos.
