Directores de la Caja Profesional se autoasignan partida mensual y desatan fuerte polémica

Una decisión que contradice principios de buen gobierno, agrava la crisis de legitimidad de la institución y reaviva el debate sobre ética y transparencia en organismos rescatados por el Estado.

La conducta adoptada por los directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU), al atribuirse una partida adicional mensual de $131.500, generó una ola de cuestionamientos desde el punto de vista jurídico, político y ético. La medida resulta particularmente controvertida al contravenir principios básicos de buen gobierno, transparencia y economía pública, además de chocar con el carácter honorario que la normativa vigente establece para dichos cargos.

La decisión se conoce en un contexto social y económico sensible: mientras miles de uruguayos ajustan sus presupuestos familiares ante una inflación persistente y un costo de vida en alza, los directores de una institución que fue rescatada recientemente con miles de millones de pesos del Estado resolvieron otorgarse un beneficio económico adicional.

La paradoja es evidente. La misma Caja que recurrió al respaldo estatal para evitar el colapso financiero, hoy aparece en el centro de la polémica por una resolución interna que muchos califican como un “premio” impropio y desconectado de la realidad del país. La ley es clara en cuanto a que los directores deben desempeñar sus funciones de manera honoraria, lo que vuelve aún más cuestionable la legalidad y legitimidad de la partida aprobada.

Más allá de la discusión jurídica, el episodio expone una crisis profunda de gestión y credibilidad. La ética pública, una vez más, parece ausente de la mesa de decisiones. El mensaje que se transmite a la ciudadanía es el de una dirigencia encerrada en sí misma, distante y poco sensible a la situación general, que prioriza beneficios internos en lugar de asumir responsabilidades.

El caso de la Caja Profesional se convierte así en un símbolo de un sistema que necesita reformas urgentes, mayor control y un compromiso real con el interés público. En momentos en que la institución camina por una cuerda floja sostenida por el Estado, decisiones como esta no hacen más que tensarla peligrosamente.

La expectativa ciudadana apunta ahora a que la justicia y los organismos de contralor actúen con firmeza, evitando que la insolidaridad se normalice y que la política de bolsillo sustituya a la equidad, la transparencia y el servicio genuino a la sociedad.