Tras la aprobación del fideicomiso por 60 millones de dólares solicitado por el intendente Carlos Albisu el presidente de la Junta Departamental de Salto, Enzo Molina, denunció “hechos de violencia” dentro del recinto. Sin embargo, las acusaciones abren un debate más profundo: ¿qué es realmente violencia política?

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Al día siguiente de la votación que habilitó un fideicomiso de 60 millones de dólares a pagar en 20 años, el presidente de la Junta Departamental de Salto, Enzo Molina, salió a los medios denunciando como “violentos” a un grupo de personas que gritó dentro del recinto legislativo.

Los hechos, sin embargo, fueron rápidamente controlados: las personas fueron retiradas del lugar y se dio aviso a la Policía, sin mayores incidentes. No hubo daños, heridos ni interrupciones institucionales prolongadas.

La polémica surge cuando desde sectores críticos se cuestiona el concepto de violencia manejado por el jerarca departamental. Según esta visión, la verdadera violencia no fueron los gritos, sino la decisión política de endeudar al departamento por dos décadas, comprometiendo recursos que deberán pagar generaciones que aún no nacen.

“Un joven que nazca en 2026, cuando cumpla 18 años, todavía tendrá que seguir pagando esta deuda durante al menos dos años más”, señalan voces críticas, que califican la medida como inmoral y profundamente irresponsable.

El fideicomiso aprobado se inscribe —según estos cuestionamientos— en un modelo de gestión que no comenzó con la actual administración, sino que se remonta a los gobiernos de Germán Coutinho y Andrés Lima, y que hoy continúa el intendente Albisu . Un modelo definido como populista y de gasto descontrolado, que no se tradujo en desarrollo real.

Los números acompañan la crítica:
• Salto registra el menor crecimiento del PBI departamental del país
• Presenta el mayor crecimiento de asentamientos
• Lidera el aumento de tarjetas sociales
• Exhibe los peores indicadores de pobreza infantil

En ese contexto, se cuestiona que se califique de violencia a una protesta verbal, mientras se minimiza el impacto estructural de decisiones políticas que profundizan la dependencia, la pobreza y el estancamiento económico.