La mentira tiene patas cortas

La narrativa oficial empieza a resquebrajarse. Mientras desde la Intendencia de Salto se justifican ingresos por designación directa apelando a supuestas “razones de servicio” y a la “profesionalidad de la tarea”, la realidad administrativa expone una contradicción difícil de ocultar.

En paralelo a esa avalancha de incorporaciones, la Intendencia publica llamados a privados para tercerizar gran parte de la operativa. Dos caminos opuestos que chocan de frente: si la tarea requiere personal propio altamente calificado, ¿por qué se pretende delegarla a empresas externas? Y si puede tercerizarse, ¿para qué se multiplicaron los ingresos directos?

La respuesta incomoda porque desnuda una mentira política. Cuando se adjudiquen los servicios y se concrete la tercerización, el relato quedará sin sostén. Allí aparecerá la verdadera pregunta que nadie en el gobierno departamental responde.

¿Qué ocurrirá con quienes ingresaron?

¿Serán despedidos por resultar innecesarios o permanecerán cobrando un salario público, mientras cumplen funciones ajenas a la gestión y cercanas a la militancia política?

No se trata de un debate técnico, sino de ética pública. La duplicación de estructuras, el uso discrecional de recursos humanos y la falta de coherencia entre el discurso y los actos consolidan una práctica conocida: inflar el Estado para fines políticos y trasladar el costo a la ciudadanía.

La mentira, tarde o temprano, se agota. Y cuando los números y los hechos quedan a la vista, ya no alcanza con comunicados ni excusas administrativas. La pregunta es simple y directa:

¿gestión o campaña financiada con fondos públicos?