La ciudad de Salto no solo está sucia y abandonada: está desmoronándose ante los ojos de sus propios habitantes. Mientras los vecinos debaten cómo tapar los baches, barrer las veredas y recuperar espacios públicos, las autoridades parecen vivir en otra dimensión política y administrativa.
La gestión del intendente Carlos Albisu está en el ojo de la tormenta. En los últimos meses, la Intendencia de Salto ha tenido que admitir públicamente una crisis financiera severa, con alarmantes advertencias de que no podía pagar los sueldos municipales debido a deudas heredadas y decisiones internas que hoy impactan en la operativa diaria del gobierno local.
El desorden económico no es lo único: el PIT‑CNT ha denunciado públicamente despidos masivos de trabajadores municipales, calificados por esa central sindical como “arbitrarios e ilegales”, y ha expresado profunda preocupación por la vulneración de derechos y convenios colectivos.
Pero aún más grave, y lo que terminó de encender a la comunidad, son los casos de nepotismo y clientelismo denunciados por la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), que determinó que la designación del director de Obras —hijo de un alto cargo de la Intendencia— violó múltiples normas éticas y legales en la función pública.
En medio de este clima de crisis institucional, surgió un episodio emblemático de la indignación ciudadana: un reconocido odontólogo salteño, colmado de frustración por la suciedad, el abandono y la falta de gestión real, decidió organizarse con vecinos para limpiar la histórica escalinata frente al Club Remero. Un lugar que —por desidia oficial— se había convertido en refugio improvisado para personas en situación de calle.
“Basta de tanta decadencia”, clamó ante cámaras y vecinos, simbolizando el sentimiento de muchos. Porque lo que para cualquier municipio debería ser una responsabilidad básica del gobierno, hoy lo están haciendo los ciudadanos con sus propias manos.
Mientras tanto, la Intendencia sigue generando polémica tras polémica: desde tensiones internas en la Junta Departamental por proyectos de fideicomiso, hasta episodios de funcionarios que expresan públicamente su desinterés por sus cargos en audios virales recientes.
El contraste con las promesas iniciales de Albisu —quien en su asunción habló de diálogo, cercanía y transformación— es brutal. Los salteños hoy ven calles deterioradas, problemas sociales sin respuesta y una administración que no logra conectar con las necesidades reales del departamento.
La pregunta ya no es si Salto está mal: está peor que mal. Está en franca decadencia institucional y urbana. Y la verdad es que quienes deberían gestionar y resolver —desde el Ejecutivo hasta la Oficina de Obras, pasando por todos los niveles del gobierno departamental— parecen más ocupados en defender sus decisiones que en escuchar a la gente que paga sus sueldos con impuestos.
¿Hasta cuándo los vecinos tendrán que limpiar, protestar y asumir tareas que por ley corresponden a quienes fueron electos para gobernar? 🗣️
Un grupo de personas Dijieron BASTA !
Escalinata de Oro como muchos la conocemos . Luego de la gran limpieza .
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