Un carnaval para pocos: cuando la fiesta popular se vuelve un lujo

El Gobierno Departamental de Salto vuelve a quedar en evidencia con un modelo de gestión que prioriza a los sectores de mayor poder adquisitivo y margina, sin pudor, a la mayoría de la población. El Carnaval 2026 no es una excepción: es la prueba más visible de un gobierno desconectado de la realidad social del departamento.

Entradas con precios elevados convierten a la principal fiesta popular en un privilegio reservado para unos pocos. Familias de clase media y media-baja, muchas de ellas numerosas y sostenidas por ingresos ajustados, quedan directamente excluidas. No por falta de interés, sino por imposibilidad económica. El mensaje es claro: el carnaval no está pensado para todos.

A esta exclusión se suma otra aún más grave: la expulsión de los pequeños trabajadores. Vendedores ambulantes, feriantes y emprendedores locales fueron impedidos de participar por las tarifas excesivas exigidas para instalar puestos dentro del evento. Costos diseñados para grandes comerciantes, no para quienes dependen de esas ventas para llevar un plato de comida a sus hogares.

El Gobierno de Salto no previó espacios populares, ni zonas de acceso económico, ni alternativas inclusivas. No hubo políticas diferenciadas, ni sensibilidad social, ni voluntad de equilibrar el acceso. Gobernar también es comprender la estructura social que se administra, y en este caso, esa comprensión estuvo ausente.

El resultado es un carnaval vacío de pueblo y lleno de sillas esperando a gente que no llega. Un evento que se publicita como masivo pero que se vacía por decisión política. Porque cuando se fijan precios excluyentes, la ausencia no es casual: es consecuencia directa.

Hoy aparecen los discursos de arrepentimiento, pero llegan tarde. Las decisiones ya fueron tomadas y las familias ya quedaron afuera. La cultura no se corrige con comunicados ni con excusas de último momento.

Este es el rostro de un gobierno para pudientes, que administra la cultura como un negocio y no como un derecho. Un gobierno que olvida que el carnaval nació en la calle, en los barrios, y no en sectores VIP ni detrás de entradas inaccesibles.

Cuando el Estado deja de representar a la mayoría trabajadora y gobierna solo para quienes pueden pagar, deja de ser gobierno y pasa a ser administración de privilegios.