La reciente difusión de una encuesta de la consultora Focus, que atribuye una alta aprobación a la gestión del Gobierno Departamental de Salto y al intendente Carlos Albisu, plantea más preguntas que certezas cuando se la analiza en profundidad, tanto por su contexto temporal, como por sus resultados numéricos y sus antecedentes políticos.

El estudio, correspondiente al período octubre 2025 – enero 2026, sostiene que la administración departamental alcanza un Índice de Evaluación de Gestión (IEG) promedio de 71,15 puntos, mientras que la figura del intendente Albisu trepa a 74,7 puntos. Se trata de cifras quebradas, inusualmente precisas, que llaman la atención en un relevamiento con un margen de error declarado de ±4,9%, lo que en términos técnicos debería invitar a una lectura mucho más prudente de los datos.

Pero el primer gran foco de análisis no está solo en los números, sino en el momento político y social elegido para su difusión. La encuesta se hace pública en pleno Carnaval, cuando la agenda ciudadana se encuentra atravesada por eventos festivos, alta movilidad, consumo cultural y una lógica social que distorsiona los climas de opinión habituales. Históricamente, este tipo de contextos tienden a reducir la atención crítica y a favorecer lecturas emocionales antes que racionales.

A esto se suma otro elemento clave: la muestra se limita a población urbana y suburbana, dejando fuera vastos sectores del interior departamental, donde las realidades económicas, el acceso a servicios y la percepción de la gestión pública suelen ser sustancialmente distintas. Esta omisión metodológica, aunque legal, condiciona el alcance real del resultado.

Sin embargo, el dato que más ruido genera en el análisis político es el antecedente directo de la propia consultora Focus. Durante la gestión del exintendente Andrés Lima, el Gobierno Departamental contrató a la misma empresa de estadísticas, y los resultados difundidos en aquel entonces mostraban niveles de aprobación sorprendentemente similares, tanto en índices globales como en la valoración personal del jerarca de turno.

La pregunta surge casi de manera inevitable:

¿Estamos ante una ciudadanía con percepciones idénticas frente a gestiones de signo político distinto, o ante un patrón estadístico que se repite con demasiada exactitud?

En términos estrictamente técnicos, ningún estudio de opinión puede ser descartado por sí mismo. Pero en términos democráticos, toda encuesta financiada o vinculada a un gobierno debe ser leída con espíritu crítico, especialmente cuando los resultados coinciden con narrativas oficiales y se presentan como “estables” en contextos sociales complejos.

La aprobación ciudadana no es un número aislado: se construye en el territorio, en el bolsillo, en el acceso a oportunidades, en la percepción de equidad. Por eso, cuando las cifras parecen demasiado redondas para una realidad fragmentada, la obligación del periodismo no es aplaudirlas, sino preguntarse a quién benefician, cómo se construyen y qué dejan fuera del cuadro.