Cuando un organismo público se pone nervioso ante pedidos de información, la alarma deja de ser técnica y pasa a ser política.
Cuando un gobierno democrático le teme a los números, algo no cierra.
Cuando un organismo público se pone nervioso ante pedidos de información, la alarma deja de ser técnica y pasa a ser política.
La Junta Departamental de Salto atraviesa hoy ese escenario.
Un ciudadano, ejerciendo un derecho constitucional básico, solicitó información clara y detallada sobre los gastos en publicidad y comunicación institucional. No pidió secretos de Estado. No pidió datos sensibles. Pidió lo mínimo que cualquier administración honesta debería mostrar sin titubear.
Y sin embargo, la reacción institucional ha sido —como mínimo— incómoda.
¿Por qué molesta tanto que se pidan los gastos?
La pregunta ya no es administrativa.
Es política.
Y es grave.
¿Qué es lo que incomoda?
¿Los montos? ¿Los proveedores? ¿Los criterios de contratación? ¿O el destino real del dinero público?
Porque si los gastos son razonables, legales y transparentes, se publican y punto.
Pero cuando empiezan las vueltas, los silencios, las dilaciones y los formalismos defensivos, el mensaje es claro: hay algo que no se quiere mostrar.
Publicidad oficial: el terreno favorito de los abusos
La publicidad institucional es, históricamente, uno de los rubros más opacos y manipulables del Estado. Allí donde no hay controles estrictos, aparecen:
Contrataciones discrecionales Proveedores “amigos” Facturaciones infladas Servicios de dudosa utilidad pública Uso político de fondos que deberían ser informativos
Por eso la ley es tan explícita.
Y por eso negar u obstaculizar información en este rubro es una señal roja.
La pregunta que el gobierno de Salto no responde
Y entonces, la pregunta cae por su propio peso. Incómoda. Directa. Ineludible:
¿Se están malgastando fondos públicos?
¿Se está desviando dinero del pueblo bajo el rótulo de “publicidad institucional”?
¿Se usa la comunicación oficial como herramienta política y no como servicio público?
Nadie acusa.
Pero el gobierno tampoco aclara.
Y en democracia, el silencio del poder no es neutral: es sospechoso.
Responsabilidades que no se pueden esquivar
El presidente de la Junta Departamental, Enzo Molina, no puede esconderse detrás de tecnicismos ni de estructuras administrativas. La responsabilidad política tiene nombre y apellido.
No alcanza con cumplir a medias.
No alcanza con responder cuando ya no queda opción.
No alcanza con entregar datos incompletos.
La transparencia no se negocia y no se administra según conveniencia.
Cuando el control ciudadano molesta, algo anda mal
El problema de fondo no es un pedido de informes.
El problema es que el poder se incomoda cuando alguien pregunta.
Y eso es exactamente lo contrario de lo que debería ocurrir en un sistema democrático sano.
Porque el dinero que se gasta:
No es del presidente No es de la Junta No es del partido Es del pueblo de Salto
Y el pueblo tiene derecho a saber hasta el último peso.
Conclusión: el silencio también rinde cuentas
Este informe no condena.
Pero deja constancia.
De una actitud defensiva.
De una falta de reflejos democráticos.
Y de una gestión que, al menos en materia de publicidad oficial, no está a la altura del estándar de transparencia que exige la ciudadanía.
La información solicitada debe entregarse completa, clara y sin maquillaje.
Todo lo demás será leído como lo que es:
una señal de que hay algo que no quieren que se vea.
Y cuando el poder se esconde, el periodismo y la ciudadanía deben alumbrar.
