🚨 Crisis en el Hospital Regional Salto: usuarios exigen la renuncia de la directora

“Estamos peor que antes”: crece la presión para que renuncie la directora del Hospital de Salto

La crisis en el Hospital Regional Salto dejó de ser un murmullo en pasillos y redes sociales para convertirse en un reclamo formal ante las autoridades nacionales. Un grupo organizado de usuarios del sistema de salud pública presentará en los próximos días una carta ante el Ministerio de Salud Pública solicitando la renuncia de la directora, la Dra. Gabriela González.

El documento —al que se tuvo acceso— enumera una larga lista de denuncias: demoras extremas en la emergencia, meses de espera para especialistas, falta de médicos y personal no médico, ausencia de respuestas a reclamos formales y una gestión que califican como “pésima” y marcada por la “soberbia”.

Demoras, silencios y desgaste

Las quejas no son nuevas, pero en las últimas semanas se intensificaron. Usuarios aseguran que la emergencia funciona al límite, con esperas prolongadas incluso en situaciones delicadas. A esto se suma la escasez de especialistas en áreas sensibles, lo que obliga a reprogramaciones constantes o derivaciones tardías.

“ No contestan los mensajes, ni llamados y mucho menos personalmente”, señala el documento. La acusación más grave apunta a la falta de diálogo: pacientes y familiares afirman que no existen canales efectivos de comunicación con la dirección del centro asistencial.

Un hospital bajo la lupa

No es la primera vez que el hospital queda en el centro de la polémica. En años anteriores ya se habían registrado reclamos por demoras estructurales, carencias de recursos humanos y tensiones internas. Sin embargo, quienes impulsan ahora la carta sostienen que la situación “no solo no mejoró, sino que empeoró”.

El desafío estructural

El texto que será elevado a la ministra de Salud afirma que “se perdió un año” bajo la actual dirección y que “las cosas están cada día peor”. El tono no deja margen para matices: exigen un cambio inmediato en la conducción.

Más allá de nombres propios, el conflicto vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural del sistema público en el interior del país: falta de recursos, dificultades para retener especialistas y gestión administrativa cuestionada.

El Ministerio deberá ahora evaluar el alcance de las denuncias y determinar si se trata de fallas de gestión individuales o de un problema sistémico más profundo. Lo cierto es que la presión social crece y la situación ya escaló al plano político.