Una nueva contratación directa por arrendamiento de servicios vuelve a encender cuestionamientos sobre la administración departamental de Salto. La resolución oficial dispone el pago de $240.000 en apenas tres meses a la técnica en jardinería Aileen May Hogben Correa, con una escala que llama la atención: el monto se triplica del primer al último mes.

Aunque la modalidad es legal, el punto de conflicto no es la legalidad sino el criterio. Este tipo de ingresos directos —sin concurso abierto ni proceso competitivo— se ha reiterado durante la actual administración, generando críticas persistentes por posible uso discrecional de fondos públicos.

El argumento oficial sostiene que las tareas fueron “satisfactorias” y que se requiere continuidad, además de justificar la diferencia de pagos por una supuesta merma de actividades al inicio del período. Sin embargo, la explicación deja más preguntas que respuestas:

¿Cómo se evalúa objetivamente ese desempeño? ¿Por qué no se abre convocatoria pública si el servicio es necesario? ¿Cuál es el parámetro técnico para triplicar honorarios en tres meses?

En paralelo, vecinos y sectores sociales reclaman soluciones urgentes en caminería rural, mantenimiento urbano e infraestructura básica. En ese contexto, decisiones de gasto concentradas y sin competencia pública alimentan la percepción de prioridades invertidas.

El documento lleva la firma del intendente y del secretario general Walter Teixeira Núñez, lo que deja la resolución bajo responsabilidad política directa de la cúpula departamental.