Un pedido formal de acceso a la información pública presentado el 13 de enero de 2026 ante la Intendencia de Salto elevó la presión sobre la administración encabezada por el intendente Carlos Albisu, luego de que se solicitara documentación oficial que confirme si se investigó una denuncia pública de presunto acoso laboral dentro del organismo.
El planteo, realizado por Jorge W. Hernández al amparo de la Ley 18.381, se fundamenta en testimonios difundidos por Radio Tabaré en los que una funcionaria —de forma anónima— describió situaciones que incluirían cambios arbitrarios de tareas, aislamiento y presiones internas que calificó como un “castigo silencioso” por haber ingresado durante la administración anterior.
El documento exige saber si el intendente dispuso una investigación administrativa formal, solicitando copia de resoluciones, fechas, organismos actuantes y plazos. También consulta si se radicó denuncia policial o fiscal y qué medidas de protección se adoptaron para la presunta víctima, incluyendo reubicación, licencias o asistencia institucional.
Uno de los puntos más sensibles del caso involucra directamente al coordinador de Recursos Humanos, Alejandro Secco. Según se señala, el medio que difundió la denuncia intentó contactarlo para obtener su versión sobre los hechos, pero el jerarca se negó a brindar explicaciones públicas, lo que añade un elemento de opacidad a una situación ya cuestionada por falta de información oficial.
La solicitud también reclama saber si Secco participó en eventuales investigaciones internas, emitió informes técnicos o intervino en decisiones administrativas vinculadas a los cambios de funciones denunciados.
El escrito recuerda además obligaciones establecidas en la Ley 19.823 (Código de Ética en la Función Pública), que responsabiliza a los jerarcas de controlar la correcta aplicación de normas y responder por el ejercicio de la autoridad conferida.
Hasta el momento, no se conocen resoluciones oficiales que confirmen la apertura de una investigación ni comunicados institucionales que aclaren la situación. La ausencia de respuestas documentadas mantiene abiertas dudas sobre la actuación administrativa frente a denuncias de posible gravedad.
Los jerarcas el 11 del corriente mes solicitaron una prórroga , debemos esperar hasta el 12 de Marzo para una respuesta .
