Un nuevo llamado oficial vuelve a encender cuestionamientos sobre prioridades, gastos y transparencia en la administración de la Intendencia de Salto.

Licitación Abreviada Nº 4517/2025 para contratar una empresa externa que realice tareas de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de cauces de arroyos y vías férreas durante 12 meses, con trabajos periódicos —al menos tres veces al año en algunos tramos— y mantenimiento bimensual.

El contrato incluye intervenciones en extensas zonas urbanas y periurbanas, con desembocaduras en el Río Uruguay y múltiples barrios, lo que implica una operativa logística relevante, maquinaria especializada y personal permanente.

Las preguntas que surgen

El llamado es legal y se ajusta a normativa administrativa, pero genera interrogantes políticos y financieros:

¿Por qué tercerizar un servicio estructural? La limpieza de cauces y mantenimiento de espacios públicos suele ser una función básica municipal. Externalizarla abre el debate sobre si la Intendencia carece de recursos propios o si existe una estrategia sistemática de delegación a privados. ¿Es ahorro o gasto mayor? El pliego prioriza el precio (30 puntos), pero también maquinaria, antecedentes y plan de trabajo. Sin embargo, no se difundió públicamente una estimación oficial del costo total proyectado ni una comparación con hacerlo con personal municipal. ¿Se consolida un patrón de tercerizaciones? Este llamado se suma a otras contrataciones externas recientes denunciadas políticamente por distintos sectores, que cuestionan si se está generando dependencia estructural de proveedores privados.

Aspectos sensibles del pliego

El documento establece que:

La administración puede adjudicar aunque exista un solo oferente. Puede rechazar todas las ofertas sin responsabilidad. Puede aumentar el contrato hasta 100% del monto original con acuerdo del proveedor. El pago se realizará a 45 días de la factura. La garantía exigida es del 5% del total cuando se superen ciertos montos legales.

Para analistas administrativos, estas cláusulas son habituales en contratos públicos, pero también son los puntos donde históricamente se concentran observaciones de organismos de control cuando surgen controversias.

El trasfondo político

En contextos de tensión presupuestal o reclamos ciudadanos por servicios básicos, decisiones de tercerización pueden transformarse en focos de crítica política. La percepción pública suele ser directa: si el gobierno contrata afuera lo que podría hacer adentro, la sospecha inmediata es gasto innecesario.

Sin embargo, también existe el argumento técnico: tercerizar puede ser más eficiente si la Intendencia no cuenta con maquinaria, personal o especialización suficiente.

El problema no es la licitación en sí —que es un mecanismo legal— sino la falta de comunicación clara sobre el motivo, el costo comparativo y el beneficio real para la ciudadanía.

El punto clave: transparencia preventiva

El pliego exige certificados de BPS y DGI, antecedentes, RUPE activo y declaración jurada legal. Son controles formales correctos. Pero la experiencia indica que la confianza pública no se gana con requisitos administrativos, sino con información accesible y explicaciones anticipadas.

En otras palabras: cuando la ciudadanía entiende por qué se gasta, la polémica baja. Cuando no lo sabe, la sospecha sube.

✔ Conclusión periodística

La licitación no prueba irregularidades por sí misma. Pero sí revela algo políticamente relevante: una gestión que sigue apostando a contratos externos para tareas estructurales. Y cada nueva tercerización alimenta la misma pregunta que hoy vuelve a instalarse en el debate público local:

¿Es gestión eficiente… o administración dependiente de proveedores?