La Junta Departamental de Salto aprobó el presupuesto quinquenal presentado por el gobierno del intendente Carlos Albisu, pero lejos de cerrar el debate, la votación dejó una fuerte polémica política y cuestionamientos sobre el rumbo de la administración departamental.

La aprobación se logró con 20 votos en 31 ediles presentes, incluyendo los 18 votos de la Coalición Republicana y dos ediles del Frente Amplio, Nilda Díaz López y Eduardo Varela Minuti.

Sin esos dos votos provenientes de la oposición, el gobierno departamental no habría alcanzado el respaldo necesario, lo que para muchos actores políticos evidencia que el oficialismo debió apoyarse en fracturas internas del Frente Amplio para sacar adelante su principal herramienta de gestión.

La polémica por el artículo 38

Uno de los puntos más controvertidos fue la derogación del artículo 38, norma que otorgaba fuerza de ley departamental a los convenios colectivos firmados entre la Intendencia y los trabajadores municipales.

El edil Varela Minuti no acompañó esa derogación, marcando distancia incluso dentro de quienes apoyaron el presupuesto.

La medida ha generado críticas porque podría significar un debilitamiento de los acuerdos laborales alcanzados en años anteriores con el sindicato municipal ADEOMS.

Durante las administraciones del exintendente Andrés Lima se firmaron más de 20 convenios colectivos, muchos de los cuales regularon condiciones laborales, estabilidad funcional y derechos de los trabajadores municipales.

Ahora, con la eliminación de ese respaldo legal, varios sectores advierten que se abre una etapa de incertidumbre para cientos de funcionarios.

Un presupuesto con interrogantes

Si bien el gobierno de Albisu sostiene que el presupuesto permitirá ejecutar su plan de gestión y desarrollar políticas públicas para el departamento, también surgen cuestionamientos sobre las prioridades reales del gasto y el impacto que tendrá en áreas sensibles como empleo, servicios y desarrollo social.

Analistas políticos y actores sindicales señalan que aprobar un presupuesto no garantiza por sí solo mejoras para la población, especialmente cuando el debate se da en medio de tensiones con trabajadores municipales y con una oposición fragmentada.

El escenario que queda planteado en Salto es claro:

el gobierno cuenta ahora con su presupuesto aprobado, pero también con una creciente vigilancia política y social sobre cómo se utilizarán los recursos públicos del departamento.

Porque más allá de los números y las votaciones, la verdadera evaluación llegará cuando las promesas del presupuesto se traduzcan —o no— en resultados concretos para la población.