- La eliminación de la prohibición de modificar el uso productivo de tierras incendiadas, la cual antes exigía un período de espera de 30 a 60 años, según la zona.
Estos cambios legales, aprobados o impulsados por el gobierno nacional, levantan serias sospechas sobre si los incendios actuales responden a intereses económicos vinculados a la adquisición y reconversión de tierras estratégicas, hoy arrasadas por el fuego.
¿Casualidad o causalidad?
La pregunta que muchos actores sociales, ambientales y ciudadanos se hacen es directa:
¿Es una simple coincidencia que, a un mes de flexibilizarse las normas sobre tierras y fuego, estalle una ola de incendios en zonas clave de la Patagonia?
Organizaciones ambientalistas y referentes locales denuncian que detrás de los incendios podría haber una estrategia deliberada para forzar la venta de territorios a bajo precio, facilitar la inversión extranjera en tierras protegidas y eliminar restricciones para cambiar su uso comercial.
Silencio oficial y reclamo social
Hasta el momento, el gobierno nacional no ha respondido públicamente a las acusaciones, mientras los incendios continúan activos y se amplían hacia nuevas zonas como El Coipo y Las Mercedes.
🔥 Acusan al gobierno de Javier Milei y autoridades provinciales de estar detrás de los incendios en la Patagonia
Denuncian vínculos entre los recientes incendios forestales y las reformas impulsadas sobre tierras y manejo del fuego
En medio de la devastadora ola de incendios que afecta la región de la Patagonia, crecen las sospechas y acusaciones contra el gobierno nacional encabezado por Javier Milei y varios gobiernos provinciales, por su posible vínculo con intereses económicos detrás de los focos ígneos que arrasan zonas protegidas.
La denuncia surge a tan solo un mes de que el vocero presidencial Manuel Adorni anunciara en el Consejo de Mayo una serie de reformas profundas a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego. Entre los cambios más polémicos se encuentran:
- La habilitación de la compra de tierras nacionales por parte de capitales privados extranjeros, con un límite de hasta 1.000 hectáreas.
