Agua para Montevideo: ¿solución técnica superadora o promesa inviable?

El planteo de Un Solo Uruguay frente a la represa de Casupá, bajo la lupa

La discusión sobre cómo garantizar el abastecimiento de agua potable al área metropolitana vuelve a ocupar el centro del debate público. Esta vez, el movimiento Un Solo Uruguay (USU) puso sobre la mesa una alternativa que busca evitar la construcción de la represa de Casupá, proyecto impulsado por el gobierno como respuesta estructural a la crisis hídrica que dejó al descubierto la vulnerabilidad del sistema actual.

La propuesta, presentada el pasado 23 de enero en Gaetán —zona directamente afectada por la eventual obra— no solo cuestiona la represa, sino que plantea un cambio de enfoque: llevar agua desde donde sobra hacia donde falta, sin inundaciones, sin expropiaciones y, según sus impulsores, con menor costo y menor impacto social.

El eje del planteo: Rincón del Bonete como fuente estratégica

El proyecto promovido por USU retoma una iniciativa elaborada por el ingeniero agrimensor Alfredo Siqueira, exfuncionario de OSE con casi cuatro décadas de experiencia y formación especializada en hidráulica, junto al productor arrocero Marcos Ríos, conocedor del manejo intensivo del recurso hídrico.

La idea central es clara: captar agua de la represa Gabriel Terra (Rincón del Bonete), el mayor embalse del país, con 120.000 hectáreas de espejo de agua y un volumen estimado de 8,8 km³, ubicado además en una zona con menor presión agroindustrial y aguas arriba de las pasteras del Río Negro.

Desde allí, el esquema propone una combinación de bombeo y conducción natural: derivar agua hacia la cuenca del río Yi, aprovechar su curso y luego encausarla hasta Paso Severino y el Santa Lucía Chico, reforzando así el principal sistema de abastecimiento de Montevideo.

Las críticas a Casupá: impacto social, costos y tiempos

USU vuelve a insistir en los puntos que ya había marcado con dureza:

Afectación directa a unas 80 familias rurales, con pérdida de tierras productivas. Elevado costo económico, en un contexto fiscal restrictivo. Plazos largos de ejecución, que no garantizan soluciones en el corto y mediano plazo. Un enfoque que, según el movimiento, repite lógicas centralistas, sin escuchar a los pobladores del territorio afectado.

En contraposición, el proyecto alternativo se presenta como una obra “invisible”: cañerías enterradas por caminos vecinales, estaciones de bombeo optimizadas y ninguna comunidad desplazada.

Los puntos fuertes del planteo alternativo

Desde el punto de vista técnico y conceptual, la propuesta tiene elementos que merecen atención:

Diversificación de fuentes de agua, reduciendo la dependencia casi exclusiva del Santa Lucía. Menor impacto social directo, sin inundaciones ni relocalizaciones. Aprovechamiento de infraestructura existente, como estaciones de bombeo y cursos naturales. Ubicación estratégica de la fuente, en un embalse de gran escala y estabilidad histórica.

En un país golpeado por la sequía y por la falta de planificación hídrica de largo plazo, el planteo introduce una discusión válida: ¿por qué seguir apostando a soluciones locales cuando existe una reserva de agua dulce de escala nacional?

Las debilidades y los interrogantes que persisten

Sin embargo, el proyecto no está exento de zonas grises que aún no han sido despejadas públicamente:

Costos reales de bombeo y mantenimiento a largo plazo: trasladar agua a decenas de kilómetros implica consumo energético permanente. Riesgos de interconexión de cuencas, una práctica que requiere estudios ambientales exhaustivos. Capacidad institucional de OSE para operar un sistema más complejo y extendido. Falta de estudios oficiales independientes que comparen, en igualdad de condiciones, esta alternativa con Casupá.

Además, surge una pregunta incómoda: si el proyecto fue presentado años atrás, ¿por qué nunca fue evaluado formalmente por el Estado? ¿Desidia, intereses creados o simple inercia política?

Un debate que excede lo técnico

El trasfondo de esta discusión va más allá de caños, represas o estaciones de bombeo. Lo que está en juego es cómo Uruguay toma decisiones estratégicas sobre un recurso vital, quiénes participan de ese proceso y cuán dispuestos están los gobiernos a escuchar propuestas que no nacen en los escritorios oficiales.

Un Solo Uruguay desafía al Ejecutivo a justificar por qué Casupá sería la única opción viable y exige que su alternativa sea analizada con el mismo rigor técnico y financiero. El gobierno, por su parte, tiene la responsabilidad de transparentar estudios, costos y riesgos, y no cerrar el debate por mera conveniencia política.

La última palabra

Entre la represa de Casupá y la alternativa de Rincón del Bonete no debería haber una guerra de relatos, sino un análisis profundo, público y comparado. El agua no admite improvisaciones ni dogmas.

La pregunta final no es solo qué obra conviene más, sino qué modelo de planificación hídrica quiere el país: uno que reaccione a las crisis o uno que piense en décadas.

El debate está abierto. Y esta vez, más que nunca, la última palabra debería ser de la gente.