El Gobierno Departamental de Salto vuelve a quedar en el centro de la polémica tras nuevas designaciones directas en el área de Servicios Públicos. En las últimas horas, se confirmaron incorporaciones que no pasan desapercibidas y que reavivan cuestionamientos sobre los criterios políticos y éticos en la gestión del intendente Carlos Albisu.
El sector está comandado por Carlos Ayuto, un nombre que arrastra controversias desde su desempeño como jefe de Policía. Ayuto fue duramente cuestionado en 2010, especialmente tras el caso del taxista Colombo, ocurrido el 9 de septiembre de ese año, un expediente que dejó más dudas que certezas y que, hasta la fecha, continúa sin resolverse. En aquel momento, su rol dentro de la investigación generó fuertes interrogantes en la opinión pública y en sectores políticos.
Ahora, con poder en un área sensible como Servicios Públicos, Ayuto suma respaldo institucional con la designación del Dr. Gabriel Cartagena como asesor jurídico. Según la información recabada por este medio, Cartagena tendrá la tarea de fortalecer el respaldo legal en la aplicación de la Ley de Faltas, particularmente en lo referente a basurales e infracciones ambientales.
Pero no es el único movimiento. También fue designado Marcelo Waszczuk como coordinador de Transporte y Necrópolis, un sector estratégico que incluye el manejo operativo del transporte municipal y la administración de cementerios.
Con anuencia política
De acuerdo a fuentes consultadas, las designaciones fueron realizadas en forma directa por el intendente Albisu, contando con el aval político de Marcelo Malaquina y Pablo Perna, quienes estaban en conocimiento de las incorporaciones.
Hasta el momento, no ha existido comunicación oficial del Gobierno Departamental confirmando públicamente estas decisiones. Sin embargo, las nuevas autoridades ya habrían comenzado a trabajar, amparadas en la aprobación del nuevo presupuesto departamental que habilita la creación de áreas específicas para fortalecer la gestión de servicios.
Un mensaje político que genera ruido
Las designaciones directas, los nombres elegidos y el silencio oficial vuelven a instalar el debate sobre transparencia y responsabilidad política. Para la oposición y parte de la ciudadanía, el regreso de figuras controvertidas a cargos estratégicos no es un detalle menor.
En un contexto donde la confianza pública es frágil, cada nombramiento pesa. Y cuando los antecedentes generan interrogantes, la discusión deja de ser administrativa para convertirse en política.


