Carnaval de Salto: censura, opacidad y una gestión que rehúye al control público

Lo ocurrido en el Carnaval de Salto no puede leerse como un simple malentendido comunicacional. La decisión de la Asociación Civil Salteña de Escuelas de Samba (ACSES) de imponer restricciones explícitas al trabajo periodístico expone una forma de gestión que confunde organización con control y autoridad con silenciamiento. El comunicado difundido por la Comisión no solo limita la labor de la prensa: instala un precedente grave en un evento cultural financiado con recursos públicos.

El texto prohíbe de manera directa que periodistas y comunicadores emitan opiniones, análisis o valoraciones durante las transmisiones, bajo amenaza de retirar acreditaciones en el momento y vetar futuras coberturas. Se trata de una medida extrema que pretende disciplinar el relato y reducir la cobertura a una reproducción acrítica de lo que la organización considera aceptable.

Las explicaciones posteriores lejos estuvieron de aclarar la situación. Por el contrario, profundizaron el problema. Las preguntas fueron claras, pertinentes y absolutamente legítimas: qué norma legal respalda la prohibición, quién decide qué es una opinión o un análisis, y bajo qué criterios se sanciona cuando el propio reglamento es vago y ambiguo. No hubo respuestas. Hubo evasivas.

Más grave aún, la representante de la Comisión, Verónica Palacios, calificó esas preguntas como “intimidantes”. Esa afirmación no es menor: implica deslegitimar el rol del periodismo, victimizar a quien administra y desplazar el foco del problema. Preguntar por normas, procedimientos y uso de recursos no es intimidar. Es ejercer control democrático. Confundir eso es, como mínimo, preocupante.

El comunicado de ACSES no cita una sola ley, decreto o resolución que respalde las restricciones que pretende imponer. No establece mecanismos de defensa, ni instancias de descargo, ni garantías básicas frente a sanciones. En los hechos, habilita un sistema de castigos discrecionales, donde la Comisión actúa como juez y parte, sin reglas claras y sin rendición de cuentas.

Este no es un asunto menor ni sectorial. El Carnaval es una expresión cultural colectiva, sostenida con apoyo público y construida por artistas, vecinos, cooperativas y organizaciones sociales. Limitar el análisis periodístico no solo empobrece la cobertura: debilita el control ciudadano y vacía de contenido el carácter público del evento.

A este escenario se suma un segundo foco de gravedad: el manejo de las cantinas. Cooperativas y colectivos vinculados al Carnaval denuncian una falta total de información sobre quiénes las explotan, cómo se asignan y quién toma esas decisiones. No hay listados públicos, no hay llamados abiertos visibles, no hay rendiciones claras. Hay silencio.

Ese silencio no es neutro. Genera malestar, sospechas y sensación de arbitrariedad, especialmente cuando las cantinas representan una fuente de trabajo clave para muchas familias durante la fiesta. En un contexto económico adverso, la opacidad en el manejo de estos recursos no es un detalle administrativo: es un problema político.

La combinación de censura a la prensa y falta de transparencia en la administración de ingresos expone una lógica de gestión que esquiva el escrutinio, rechaza las preguntas y se incomoda ante el control público. Cuando una comisión organizadora responde con acusaciones de intimidación ante consultas básicas, el problema deja de ser de comunicación y se transforma en un problema institucional serio.

Preguntar no es intimidar.

Preguntar es una obligación profesional y ciudadana.

Y cuando no hay respuestas, el silencio no es casual: es una señal.