El carnaval de Salto atraviesa una de sus etapas más críticas y cuestionadas. No por falta de tradición ni de identidad cultural, sino por una gestión que decidió transformar una fiesta popular en un evento excluyente, caro y pensado para pocos. El caso de Nilsa González es la prueba más cruda y dolorosa de esa realidad.

Nilsa González no es una figura menor ni circunstancial. Es una referente histórica del carnaval salteño, una mujer que durante décadas formó parte de la fiesta popular desde el trabajo honesto y cotidiano. Vendedora ambulante de toda la vida, conocida por sus tortas fritas, Nilsa se convirtió con los años en un ícono de la cultura popular de Salto.

Pero su historia va mucho más allá. Nilsa fue Reina de las Américas, representando a Salto y a Uruguay en Colombia, Perú y Ecuador, llevando el nombre de la ciudad y del país al exterior. Lo hizo con esfuerzo propio, con sacrificio y sin respaldo oficial.

En su momento, Nilsa González realizó un reclamo público solicitando una pequeña ayuda económica al gobierno de Salto para poder sustentar esos viajes internacionales y seguir representando a la ciudad. La respuesta fue el silencio. No recibió ningún tipo de apoyo, ningún reconocimiento real, ninguna asistencia.

Hoy, con casi 80 años, Nilsa vuelve a pedir lo mismo que pidió toda su vida: trabajar. Quiere instalar su puesto en el carnaval, como lo hizo durante décadas. Sin embargo, el actual modelo de gestión le cierra todas las puertas.

“Trabajar es un imposible en Salto”, denuncia. Y no es una exageración. Según su propio testimonio, ha ido “como 500 veces” a la Casa de Gobierno, a la Casa de Cultura y a distintas oficinas municipales. Ha hablado con funcionarios, responsables y autoridades. El resultado siempre es el mismo: no.

El carnaval actual está privatizado de hecho. Para poder vender hay que pagar cifras elevadas, inaccesibles para los pequeños trabajadores. “Tenés que poner muchísima plata que yo no tengo”, afirma Nilsa. El mensaje es claro y brutal: quien no puede pagar, queda afuera.

Mientras tanto, quienes cuentan con capital acceden a iluminación, estructuras, espacios estratégicos y todas las facilidades. Los vendedores humildes, históricos, los que le dieron identidad al carnaval, son empujados a zonas sin circulación de público, donde vender se vuelve prácticamente imposible.

Esto no es casualidad.

Esto ya había sido advertido.

En informes anteriores se denunció que el camino elegido por el gobierno de Salto conducía directamente a la privatización total del carnaval. Hoy, ese escenario es un hecho consumado.

No es un carnaval pensado para el pueblo.

Es un evento diseñado para quienes pueden pagar.

Es un modelo que excluye, expulsa y borra la historia.

El contraste resulta indignante: mientras el gobierno de Salto gasta millones en publicidad oficial, muchas veces alejada de la realidad cotidiana, no fue capaz de brindar una mínima ayuda a una mujer que representó a la ciudad en el exterior y que hoy, con casi 80 años, sigue trabajando para sobrevivir.

Nilsa González vende tortas fritas en la Plaza de los 33, como lo hizo toda su vida. Vive de su trabajo, no del Estado. Y aun así, este gobierno le niega el derecho básico a trabajar en el carnaval.

Esto no es solo una injusticia individual. Es el reflejo de una mala gestión cultural, desconectada de la realidad social y del verdadero espíritu del carnaval popular.

📣 RECLAMO PÚBLICO AL GOBIERNO DE SALTO

Cuando un gobierno excluye a una trabajadora de casi 80 años, histórica, reconocida y representativa, no está cometiendo un error administrativo: está tomando una decisión política.

No se puede hablar de cultura mientras se margina a quienes la construyeron.

No se puede hablar de inclusión mientras se privatiza una fiesta popular.

No se puede hablar de orgullo salteño mientras se ignora a una Reina de las Américas.

El carnaval no es una empresa.

El carnaval no es un negocio para pocos.

El carnaval es del pueblo.

Y hoy, en Salto, el pueblo está quedando afuera.