Cuando el concurso falla, la responsabilidad es política
Lo ocurrido en la Red de Atención Primaria (RAP) de Salto no puede seguir siendo presentado como un simple “error técnico” ni diluirse en un expediente administrativo que duerme en algún escritorio de ASSE. Cuando un concurso público falla de manera grosera, reiterada y con consecuencias concretas, la responsabilidad deja de ser solo del tribunal evaluador y pasa a ser política.
En el sistema de salud pública uruguayo, los concursos no son un detalle burocrático: son la columna vertebral de la igualdad de oportunidades, la única barrera real contra el amiguismo, el acomodo y la discrecionalidad. Cuando esa barrera se fisura —y en Salto se fisuró de forma evidente— no estamos ante un error aislado, sino ante un síntoma de conducción deficiente.
Que una profesional con más de una década de experiencia comprobada en Atención Primaria haya sido evaluada con puntaje cero en rubros centrales no es una diferencia de interpretación. Es una falla grave. Y cuando esa falla ocurre dentro de la estructura que depende del Hospital de Salto, bajo la órbita directa de ASSE, la pregunta es inevitable:
¿Quién controla a los que evalúan?
¿Quién responde cuando el sistema se equivoca de manera tan evidente?
Aquí es donde aparece la responsabilidad política. ASSE no es un ente abstracto: tiene autoridades, jerarquías, direcciones regionales y mandos intermedios. Si los concursos se ejecutan mal, si los errores no se detectan a tiempo, si los reclamos solo avanzan cuando un profesional tiene la capacidad de recurrir formalmente, entonces el problema no es individual. Es de gestión.
Más grave aún es el silencio. La ausencia de explicaciones públicas, la falta de una revisión integral inmediata y la tendencia a “arreglar” el caso puntual sin revisar el conjunto alimentan la sospecha de que estos no son hechos excepcionales, sino prácticas toleradas. Y en política, lo que se tolera, se avala.
Mientras tanto, el costo lo pagan siempre los mismos:
los profesionales que ven vulnerada su carrera, los servicios que siguen funcionando con carencias, y los usuarios del sistema público, que merecen ser atendidos por personal seleccionado por mérito real y no por listados distorsionados.
El Hospital de Salto necesita enfermeros, sí. Pero necesita los mejores, no los que quedaron mejor posicionados por errores —o por omisiones— del sistema. Cada decisión mal tomada en un concurso impacta directamente en la calidad asistencial, aunque algunos prefieran no decirlo en voz alta.
Llegados a este punto, ASSE y las autoridades políticas vinculadas a la salud pública tienen solo dos caminos:
transparentar todo el proceso, revisar concursos, asumir errores y corregirlos;
o seguir administrando el silencio, con el riesgo de que la desconfianza se convierta en norma.
En un país que se enorgullece de su institucionalidad, permitir que concursos públicos queden bajo sospecha sin consecuencias políticas claras es un retroceso. No se trata de defender a una persona. Se trata de defender una regla básica de la democracia: el acceso a lo público debe ser limpio, justo y verificable.
Cuando eso falla, la responsabilidad no es técnica. Es política. Y alguien tiene que hacerse cargo.
