Con un fallo que prioriza el impacto económico por sobre el ambiental, la Justicia habilitó al Estado a avanzar con un programa de eliminación de cotorras mediante envenenamiento selectivo. La decisión, que desestimó un recurso presentado por organizaciones ambientalistas, deja al descubierto una lógica conocida: cuando el conflicto enfrenta producción y ambiente, el margen de discusión se reduce.

El juez de lo contencioso administrativo Juan José Benítez Caorsi sostuvo que la medida se ajusta a derecho y que no existe ilegalidad manifiesta en la estrategia elegida por el gobierno. El argumento central se apoya en una normativa vigente que permite el sacrificio de animales considerados plaga, una categoría que la cotorra arrastra desde hace más de siete décadas.

Desde la óptica oficial, la intervención se justifica por los daños que estas aves generan en cultivos frutales y en la infraestructura eléctrica. Nadie discute que el problema existe. La discusión aparece cuando la respuesta estatal se inclina casi exclusivamente por la vía más extrema, descartando en la práctica un debate serio sobre alternativas menos agresivas o planes integrales de manejo de fauna.

El fallo subraya que la campaña no será masiva ni indiscriminada, y que se limitará a zonas rurales específicas de Canelones, Montevideo Rural y San José. Sin embargo, el concepto de “selectividad” pierde fuerza cuando el método elegido implica la colocación de cebos altamente tóxicos en nidos, una práctica que, aun con análisis de riesgo, siempre deja un margen de daño colateral difícil de controlar y aún más difícil de auditar.

Las organizaciones ambientalistas advierten que el programa se apoya en una lógica de urgencia productiva, donde el ambiente aparece como una variable secundaria. El juez descartó que exista crueldad en el procedimiento y señaló que no se aplicará en áreas pobladas, pero evitó profundizar en los efectos a mediano y largo plazo sobre otras especies y el ecosistema rural.

Mientras tanto, el Estado ya comenzó a moverse. Técnicos del Ministerio de Ganadería realizaron relevamientos en predios afectados, marcando el inicio de una política que avanza con respaldo judicial, pero sin consenso social amplio ni un esquema de control público claramente explicitado.

La decisión deja una señal inquietante: cuando las soluciones rápidas encuentran amparo legal, el debate se clausura antes de tiempo. El problema de las cotorras es real, pero la forma de abordarlo vuelve a instalar una pregunta incómoda: ¿se trata de gestión responsable o de una salida expeditiva que posterga el costo ambiental para más adelante?