Lo que comenzó como un pedido de apoyo económico terminó transformándose en un fuerte señalamiento público contra la Intendencia de Salto. La representante cultural Nilsa González denunció que el gobierno departamental le negó cualquier tipo de ayuda para continuar representando a Salto y a Uruguay en el exterior.

Según expresó en sus redes sociales, financia sus viajes vendiendo golosinas en la calle y vendiendo pertenencias personales para costear vestuario, pasajes y traslados. La respuesta oficial, afirma, fue contundente: “cero peso”.

La denuncia golpea en un punto sensible: la promoción cultural y el respaldo institucional a quienes dicen llevar el nombre del departamento fuera de fronteras. La mujer detalla que debe pagar taxis locales, viajes hacia la terminal de Tres Cruces, traslados al Aeropuerto de Carrasco y vuelos internacionales sin ningún respaldo económico.

Desde el plano periodístico, el caso abre interrogantes inevitables:

¿Existen criterios claros y públicos para otorgar apoyos culturales?

¿Hay programas formales que regulen este tipo de solicitudes?

¿Por qué no se transparentan los motivos de la negativa?

Hasta el momento, no se difundió una explicación oficial detallada sobre las razones del rechazo ni sobre los mecanismos de asignación de recursos para actividades culturales independientes.

En redes sociales, el tema generó reacciones cruzadas: algunos cuestionan la falta de apoyo, mientras otros señalan la necesidad de reglas claras para el uso de fondos públicos. Lo cierto es que la denuncia expone tensiones sobre prioridades, transparencia y acceso a recursos.