Un pedido de acceso a la información impulsado por ediles del Frente Amplio dejó al descubierto números que golpean de lleno a la administración de la Intendencia de Salto. Los datos muestran un crecimiento sostenido de ingresos vinculados a confianza política, designaciones directas y contrataciones que contradicen el discurso de austeridad.
Los registros relevados indican que actualmente existen 9 contratos de arrendamiento asociados a confianza política, 32 cargos de ese tipo —incluyendo jerarcas y direcciones—, 6 incorporaciones provenientes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande tras finalizar sus contratos allí, 46 ingresos de funcionarios previamente cesados y 78 designaciones directas. El total: 171 incorporaciones.
El contraste entre personal y gasto es aún más contundente. Entre setiembre de 2025 y enero de 2026 la plantilla pasó de 1327 a 1367 funcionarios —un aumento del 3 %—, pero el costo salarial total subió 6,1 %, muy por encima de la inflación del período (0,87 %). Es decir, el gasto crece más rápido que la cantidad de empleados. La promesa de recorte presupuestal no aparece en ningún indicador real.
El aumento es todavía más marcado dentro de la Junta Departamental de Salto, donde las retribuciones salariales se dispararon 6,6 % en el mismo lapso.
Otro punto crítico es la diferencia entre cifras oficiales y relevamientos propios: la Intendencia reportó 146 designaciones directas, pero el conteo actualizado ya marca 158, lo que sugiere ingresos constantes semana a semana.
Las proyecciones refuerzan la alarma. En el período anterior hubo 327 designaciones directas en cinco años; ahora ya van 146 en apenas seis meses. Si el ritmo continúa, el actual gobierno triplicaría esa cifra antes de terminar su mandato. El mismo patrón se repite con monotributistas: el quinquenio pasado cerró con 253 y la actual administración ya acumula 178 en medio año.
El nuevo presupuesto habilitará además 46 cargos políticos adicionales que ya trabajan, pero con sueldos reajustados al alza. Solo algunos directores recibirán incrementos cercanos a $78.000 mensuales. El impacto estimado es contundente: una diferencia de 9,5 millones de dólares respecto al período anterior y más de 13 millones destinados exclusivamente a cargos de confianza durante el quinquenio.
Las cifras, lejos de ser interpretaciones, surgen de documentación oficial. Y el resultado es claro: el gasto político no se redujo, creció.


