La muerte de un adolescente de 14 años, que se encontraba bajo la tutela del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), volvió a encender todas las alarmas sobre un sistema que, lejos de cumplir su función de protección, acumula fallas graves, denuncias y tragedias evitables.

De acuerdo a la información brindada por la Jefatura de Policía de Montevideo, personal policial concurrió a un centro de salud mental tras ser alertado por el fallecimiento de un menor. En el lugar, la directora del hogar manifestó que el adolescente “venía siendo tratado por diversas patologías” y que durante la madrugada sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Se le realizaron maniobras de primeros auxilios y se convocó a una emergencia médica. A pesar de los intentos de reanimación, el adolescente falleció. El parte oficial cierra allí. Pero el problema empieza justamente donde el comunicado termina.

Porque cuando un menor muere bajo tutela del Estado, no alcanza con explicar cómo murió, sino por qué estaba en esas condiciones, qué controles existían y quién responde por lo ocurrido. Y en el caso del INAU, estas preguntas se repiten demasiado seguido.

Este fallecimiento no es un hecho aislado. En las últimas semanas, otros menores bajo amparo del INAU murieron en circunstancias igualmente graves. Una adolescente de 15 años, alojada en el Centro de Acogimiento Familiar (CAF) Idea Vilariño de Tacuarembó, falleció tras sufrir heridas de extrema gravedad en un incendio. Días antes, un niño de 10 años fue encontrado sin vida en una clínica privada donde se encontraba internado.

Tres muertes. Tres escenarios distintos. Una misma responsabilidad institucional.

Pero el colapso del sistema no se limita a muertes. A este escenario se suman denuncias reiteradas de abusos físicos y psicológicos cometidos por cuidadores pertenecientes al propio INAU. Hechos que han sido expuestos en investigaciones judiciales, informes de organismos de control y testimonios de víctimas. No se trata de casos aislados ni de errores individuales: se trata de violencias ejercidas desde adentro del sistema, bajo la custodia directa del Estado, con controles débiles y sanciones que llegan tarde o nunca.

Cuando quienes deben cuidar terminan dañando, el problema deja de ser administrativo y pasa a ser estructural y ético.

La gravedad de esta sucesión de hechos llevó al Partido Colorado a convocar a las autoridades del INAU al Parlamento. La comparecencia se realizará el 20 de febrero ante la Comisión Permanente.

En ese marco, el senador colorado Robert Silva fue categórico:

“Han habido muertes de menores a cargo de esta institución. Han habido problemas en cuestiones vinculadas a procesos de adopción, entre otras”.

Las palabras son duras, pero los hechos son aún más contundentes. El INAU no puede seguir amparándose en comunicados, excusas médicas o promesas de revisión interna mientras niños y adolescentes mueren, sufren abusos y atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad bajo su custodia.

Cuando el Estado asume el rol de tutor, asume también una responsabilidad indelegable. Y hoy esa responsabilidad está seriamente cuestionada. Porque cuando fallan los sistemas, fallan las políticas. Pero cuando fallan las políticas, pagan los más indefensos.