En un escenario mediático ya erosionado por la desconfianza, surgen figuras que no hacen más que profundizar la crisis de credibilidad. No se trata aquí de periodistas con postura —algo válido y necesario—, sino de verdaderos mercenarios del periodismo, dispuestos a poner su voz, su espacio y su narrativa al servicio de intereses políticos sin el menor disimulo.

Con ingresos que, en conjunto, alcanzan cifras cercanas a los 170.000 pesos mensuales provenientes —directa o indirectamente— del bolsillo de los ciudadanos, estos comunicadores han dejado de lado cualquier pretensión de independencia. Lo que exhiben no es una línea editorial definida, sino una alineación automática con el poder de turno.

El problema no es opinar. El problema es disfrazar propaganda de información. Es operar desde el micrófono con un libreto predecible: callar lo incómodo, minimizar errores evidentes y desacreditar sistemáticamente a quienes cuestionan. Todo presentado como si fuera un relato objetivo, cuando en realidad responde a intereses bien claros.

Cuando el financiamiento público se cruza con la comunicación, la obligación ética debería ser aún mayor. Sin embargo, en estos casos, esa línea ya no está borrosa: directamente ha sido eliminada. Lo que debería ser periodismo se transforma en un mecanismo de defensa del oficialismo, una coraza mediática sostenida con recursos de la gente.

El resultado es una ciudadanía mal informada, expuesta a versiones parciales, recortadas y funcionales al poder. Y ahí está el verdadero daño: no es solo una cuestión de ética profesional, sino de calidad democrática.

Nadie exige imparcialidad absoluta. Pero sí un mínimo de coherencia y honestidad intelectual. Decir qué es información, qué es opinión y qué es militancia. Porque mezclarlo todo, cobrar por hacerlo y además fingir independencia, no es periodismo.

Es otra cosa. Y tiene nombre: mercenarismo mediático.